Una necesaria alerta democrática
Carta en apoyo a Daniel Jadue
La Guerra judicial o Lawfare es la destrucción de la democracia y la soberanía popular. Esta práctica peligrosa y dañina ha sido la salida antidemocrática de unos pocos (indudablemente en sintonía con los intereses del capital financiero internacional), para mancillar el poder de los muchos que genuinamente sostienen la Patria.
Así, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos y su monopolio de la verdad, la criminalización de dirigentes sociales y populares destruye la política, sentenciando antes que cualquier juez imparcial a través de sus pantallas y puestas en escena, violando el principio del debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. El método es de manual: una parte de la prensa políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose exclusivamente en esa noticia fraguada, se abre una investigación que tiene por finalidad justificar la tesis periodística y la condena mediática ya instalada en vez de garantizar la búsqueda de la verdad. Asegurando, entonces, las condiciones para la muerte legal y política del adversario (ya que actualmente no se muestra adecuada la destrucción física).
Vemos con preocupación la persecución comunicacional, judicial y política hacia el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Creemos que más que la persona se busca poner fin a lo que representa: un proyecto de democratización y protagonismo popular que mejoró sustancialmente la vida de miles de familias chilenas, generando una referencia nacional e internacional en lo que a gobiernos locales se refiere.
Con estupor hemos visto cómo ha sido amenazado sin expresión de causa, negándosele salir del país sin resolución judicial ni proceso alguno. Compartimos lo que ha señalado al respecto la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por cuanto este proceder es cuestionable desde el punto de vista legal.
Sumado a ello, condenamos el impresentable acceso a la información secreta y privilegiada de “cierto periodismo”, que publica irresponsable e indiscriminadamente el estado de investigaciones en curso, carpetas investigativas y diligencias, vulnerando a los intervinientes y generando un clima de confusión, desinformación e incertidumbre respecto de las garantías que nuestras instituciones pueden ofrecer a la ciudadanía. ¿Qué futuro nos espera si, quien debiese perseguir con celo la objetividad de la investigación, devela que el motor de sus actuar es la proscripción de dirigentes dando un portazo en la cara a nuestras ya alicaídas democracias?
Apartar del camino a dirigencias políticas populares y profundamente incómodas para el estatus quo es la garantía que necesitan los de arriba para asegurar la elección de candidaturas sometidas a los intereses del mercado, que se desentienden de la población, especialmente los más pobres y marginados por el sistema.
Como organización política apoyamos el proyecto transformador y comunitario que, desde Recoleta, mostró a Chile y el mundo que es posible soñar un país mejor. Sabemos que este no es el primer caso de “guerra judicial” o Lawfare en Chile, pero esperamos que sea el último: la justicia es muy importante como para dejarla al arbitrio de intereses personales.
Finalmente, hacemos público nuestro llamado a toda la comunidad nacional, a los movimientos sociales, a las militancias populares y a todos los demócratas de Chile y el mundo, acusar recibo de esta alerta democrática e impedir que se siga la ruta de la proscripción, no de las dirigencias políticas solamente, sino del Estado de Derecho.
Dirección Nacional
PARTIDO POPULAR
